ES NECESARIO AMPLIAR POLÍTICA Y JURÍDICAMENTE EL CONCEPTO DE ‘MIGRANTE EN TRÁNSITO’ PARA QUE NADIE

Iker Barbero

El 18 de junio de 2018 aparcaba en la estación de autobuses de Donostia un autobús procedente de Almería. De él empezaron a bajarse varios muchachos africanos, todos ellos vestidos de manera bastante uniforme, al estilo deportivo que visten cuándo son atendidos tras los rescates de las pateras. Se trataba de 46 personas procedentes de Mali y Guinea Conakri a quiénes la Cruz Roja había fletado un autobús con destino al "Norte". Los días siguientes se repitieron innumerables llegadas similares sacando a la luz pública un hecho que había permanecido invisible: Euskadi es un territorio de "migración en tránsito". Desde entonces, muchas han sido las personas que han "transitado" por este territorio. Según datos de la Cruz Roja, más de 16.000 personas han hecho uso de los albergues creados ad hoc, pero es posible que hayan sido más, ya que no todas las personas con destinos similares precisan de esta asistencia, y otras muchas no han podido acceder a ellos porque no cumplían los requisitos. Aún no se sabe cuáles son esos requisitos (así lo demanda saber la Red de Acogida Ciudadana de Irun o Irungo Harrera Sarea). Parece que lo que está claro es que, con presentar una orden de devolución emitida por la policía de extranjería y fronteras (Dirección General de Policía Nacional) de provincias de Frontera Sur (Andalucía, Baleares, Murcia, Canarias…), con una fecha de menos 30 días (aunque ha ido discrecionalmente variando, incluso hasta un año últimamente), es suficiente. Desde un punto de vista socio-jurídico, esto es un hecho cuanto menos curioso: cómo un documento cuyo objetivo formal es imponer una medida coercitiva (la devolución), no solo identifica a la persona, sino que le da acceso a un dispositivo financiado por administraciones públicas, es decir, otorga derechos sociales. En otras ocasiones, estar registrado en la base SIRIA (Sistema de Información del Programa para Refugiados, Inmigrantes y Solicitantes de asilo), por haber entrado por costas, y a la que tiene acceso Cruz Roja, es suficiente.

El debate público está servido. Las distintas instituciones implicadas (Estado, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, ayuntamientos, etc) se reúnen periódicamente en la denominada Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida Urgente a Personas Migrantes, a la que también acuden varias organizaciones sociales como Cruz Roja Euskadi, CEAR, Harresiak Apurtuz, Medicus Mundi, Caritas y SOS Racismo (como gestoras de los recursos, como referentes en el anti-racismo o en la protección de demandantes de asilo, etc). Y siempre, ante la atenta mirada de instituciones con una larga trayectoria en la garantía de derechos de los migrantes como es el Ararteko o la Defensoría del Pueblo estatal. Fruto de esta coordinación, el Gobierno Vasco ha elaborado sucesivos Planes de contingencia para la atención a personas migrantes en tránsito, donde distintos escenarios prevén la llegada de diferentes niveles cuantitativos y respuestas correlativas a esos niveles, básicamente consistente en la apertura o acceso a más o menos centros (Irun, Bilbao, Berriz, Oñati, etc).

La Mancomunidad Única del País Vasco francés también se esforzó por crear una infraestructura de acogida en Baiona, Pausa, para aquellas personas que, aún a día de hoy, logran pasar la muga (frontera entre ambos Estados) y los persistentes controles de frontera que las autoridades francesas han reactivado desde 2015 para detener selectivamente a personas africanas. Todas esas instituciones sociales constituyen una labor necesaria y muy importante, que otros territorios de la frontera pirenaica aún no han emprendido, y que merece ser reconocida en su justa medida.

Sin embargo, considero que también habría que abrir el grifo cualitativo, es decir, ampliar política y jurídicamente el concepto de “migrante en tránsito” a las distintas situaciones anteriormente mencionadas (y otras muchas más) que también merecen una acogida digna. En esta línea también se han pronunciado muchas de las plataformas ciudadanas que surgieron en 2018 (Irun, Bilbo, Donostia, Arrigorriaga, Baiona…), y continúan haciendo labores complementarias a las instituciones e, incluso, alternativas, siguiendo la consigna de #HarreraHerria (Pueblo de acogida). Y es que la acogida digna va más allá de los límites jurídico-competenciales, de las partidas presupuestarias y de las lógicas fronterizas. Se trata de organizaciones locales pero que trabajan en redes solidarias, más o menos articuladas desde el Sur hasta el Norte, en un sentido muy amplio, que no solo buscan responder a situaciones individuales que quedan fuera de la acogida pública, sino aspiran a construir un modelo de acogida más integral y humano que la mera gestión del tránsito, y muy crítico precisamente con el imperante modelo europeo de gobierno de la (in)movilidad desde las lógicas poscoloniales de externalización de fronteras en los países de origen y tránsito, y sus fronteras exteriores amuralladas, hasta las cada vez más reintroducidas, infranqueables, e incluso militarizadas, fronteras internas.

Entonces ¿Quién es un migrante en tránsito? ¿El que porta una orden de devolución? ¿Y aquellas personas que han perdido ese papel; o que hace más de 30 días o 6 meses que entraron y que por distintos motivos se han demorado; o que solicitaron asilo y tras la denegación han decidido reactivar el tránsito; o aquellas madres que transitaron una vez y ahora deciden volver a por sus hijos e hijas que tuvieron que dejar atrás por una mala interpretación de la normativa anti-trata; o esas personas "dublinadas" que deciden volver a intentarlo? Y lo más importante ¿Qué derechos asisten a las personas que se caracterizarían como tal? ¿Qué deber y nivel de acogida les corresponde a las distintas ad ministraciones ante todas esas tan diversas situaciones?

Estas son muchas de las preguntas que nos hemos formulado desde proyecto TRANSITEUS: la acogida de migrantes en tránsito en Euskadi: diagnóstico y propuestas desde una perspectiva garantista (EHU-Universidad Sociedad 19/08) (www.transiteus.eus). Nuestra labor pretende ser una contribución de la reflexión y el estudio académico a comprender la realidad del tránsito migrante y dar una solución práctica entidades sociales e institucionales. Nuestra principal conclusión es que si realmente queremos ser Harrera Herria (un pueblo de acogida digna) debemos replantearnos, no solo cuánto acogemos, sino a quién y cómo le acogemos para que nadie quede fuera.