Roberto García Montero
La formación y la cualificación profesional es uno de los elementos clave en la lucha contra la desigualdad social y la inserción de las personas más desfavorecidas. Esto ha sido evidente, al menos, desde la transformación social que conllevó la revolución industrial y que transformó el mundo, las relaciones entre las personas y la ubicación de cada uno de sus miembros dentro del sistema social. Todos aquellos que tenemos una edad somos conscientes de que estudiar y obtener éxitos en el sistema académico garantizaba una mejor situación en el acceso al empleo. Hace algunas décadas, para una familia de origen humilde conseguir que sus hijos llegaran a la universidad y obtuvieran una titulación universitaria era una sensación de éxito y tranquilidad, ya que eso se traducía en grandes posibilidades de que el futuro de esos vástagos fuera mejor que el de sus progenitores. Era muy probable que consiguiesen un empleo bien remunerado y estable. También recordaremos que aquellos jóvenes que “no valían para estudiar” había que ponerlos a trabajar cuanto antes para que contribuyesen a la economía familiar
Hoy en día nos encontramos con que esta situación ha cambiado claramente. El vertiginoso desarrollo tecnológico ha provocado la necesidad constante de regeneración de la cualificación de la sociedad y de sus trabajadores. En los últimos años nos encontramos en un periodo de crisis estructural en el plano económico que ha provocado grandes tasas de desempleo y un gran aumento de la inestabilidad en el mundo laboral. A todo ello hay que añadir la constatación de que las necesidades de empleos sin cualificación ni preparación profesional están decreciendo en toda Europa a pasos agigantados. Según fuentes del Centro Europeo para el desarrollo de la FP (CEDEFOP) en el periodo 1996-2013 los empleos de baja cualificación en el entorno de la UE se redujeron del 33% al 24%. Es decir, si hace 18 años una de cada tres personas que trabajaba lo hacía con baja formación, ahora ya sólo lo hacen uno de cada cuatro. Todas las previsiones que se manejan convierten esa tendencia en algo con una progresión imparable.
Estamos abocados a convertir la formación profesional en un arma para combatir la exclusión social, cada vez de modo más necesario. Aquella persona que pretenda vivir con normalidad en nuestra sociedad actual necesita estar preparada para desarrollar las competencias exigidas en un área profesional, de manera previa a su acceso al empleo. Se está acabando la práctica de acceder al empleo para aprender un oficio a la vez que se trabaja. Hoy en día esos hijos que se mandaban a trabajar porque no “valían” para estudiar no encuentran empleo. Así como también se ha terminado hace tiempo el hecho de obtener una titulación cuando se es joven, entrar en el mundo del empleo y no volver a recualificarse a lo largo de la vida laboral. Está plenamente asumida la necesidad del aprendizaje permanente.
Aquí, además contamos con un factor diferencial con respecto a otros países del entorno europeo. La democratización vivida en los últimos 50 años en nuestra sociedad ha provocado un acceso y un desarrollo de la formación universitaria mayor que el vivido en la formación de nivel intermedio (FP y Formación para el empleo). Así nos encontramos con un número de titulados universitarios desproporcionado en comparación con los titulados intermedios (Técnicos y Técnicos Superiores de FP). Esta proporción no se corresponde con las necesidades de nuestras empresas y nuestro sector productivo que, a medio plazo, necesita una mayor cantidad de técnicos cualificados de los que los centros formativos son capaces de proporcionar. Eso trae como consecuencia que gran cantidad de titulados universitarios están trabajando en empleos diferentes a los que se han formado, además de que las tasas de inserción laboral del alumnado de FP sean mejores que las de otros niveles formativos, incluso superiores.
Ante esta situación, todos los agentes que trabajamos en el escenario de la exclusión social y la formación (Administraciones públicas, ONGs, entidades sociales, de formación, …) estamos obligados a aumentar los esfuerzos por combatir esta problemática consiguiendo que el número de personas sin cualificación sea el menor posible, sabiendo que todas aquellas que no adquieran una formación en condiciones no tendrán un futuro estable. Así como trabajar con el sector que se encuentra con mayores problemas sociales en garantizar un buen nivel de preparación profesional como arma para combatir la exclusión.
Roberto García Montero, Responsable Pedagógico de Peñascal S. Coop
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[Publicado en Deia el 18 de mayo de 2014]
El Fondo Social Europeo ha seleccionado a Peñascal S. Coop. como ejemplo de buenas prácticas en acciones de capacitación juvenil, en su publicación del periodo 2007-2013. El proyecto está basado en la creación de oportunidades para la activación laboral de los jóvenes fusionando la formación y el empleo en un sistema dual.
15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia Contra el Abuso y Maltrato en la Vejez
Ainara Arregi
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2006, el 15 de junio como Día Mundual de Toma de conciencia Contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez, y desde entonces, se celebra anualmente este día en defensa de los derechos de las personas mayores. Con motivo de ello, en GIZADIBERRI hemos recogido el testimonio de personas mayores como Jesús Orbe y Ramón Urrutia, médico e ingeniero jubilados, respectivamente, que nos han acercado su visión sobre el maltrato a personas mayores y nos han comentado algunas pautas a seguir para combatir el maltrato.
Gizalde, Bizkaia Gara, Batekin
En Euskadi, la tradición solidaria ha perdurado a lo largo de los años, con un crecimiento constante de la participación en actividades voluntarias. Según datos recientes, más del 17 % de la población ha participado en alguna forma de voluntariado en el último año, lo que significa aproximadamente 320.872 personas, demostrando un compromiso sólido con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.