Es necesario un reparto más justo de la responsabilidad entre países

Francesca Friz-Prguda

Ni la cifra de 68,5 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el planeta, ni el aumento de la tasa de mortalidad en aguas del Mediterráneo son noticias nuevas, sino lo que los medios de comunicación llaman “actualidad continua”. Informaciones en las que los detalles cambian pero en las que el sustrato es común. 

En este caso, y entre otros orígenes, podemos hablar de conflictos armados prolongados o que se han visto reactivados como motor de desplazamiento forzoso, y de falta de vías de entrada legales y seguras a Europa, circunstancias que provocan que muchas personas en situación desesperada pongan su vida en manos de desalmados que buscan lucrarse con el dolor ajeno.

Aunque las llegadas a Europa en términos globales han descendido considerablemente en los últimos años, proporcionalmente son más las personas que se ahogan en sus aguas. El foco está ahora en la ruta occidental, cuyo destino es España. En lo que va de año, algo más de 50.000 personas han alcanzado las costas españolas, un número superior a las llegadas a Grecia e Italia, pero una cifra gestionable para un país del tamaño y la capacidad de España.

ACNUR ha llamado la atención de los Estados Europeos una y otra vez sobre la necesidad de reforzar las operaciones de salvamento y socorro en aguas mediterráneas, y de establecer un mecanismo predecible y coordinado de rescate y desembarco que permita que se respete sin ambages el principio de salvar vidas en el mar.  

Hoy más que nunca es crucial ofrecer vías legales y seguras de entrada para quienes huyen de la guerra y la persecución: cuotas de reasentamiento, visados humanitarios, programas de patrocinio comunitario, visados de estudios o reunificación familiar más flexible.

Pero el viaje no acaba cuando se pisa tierra y se solicita asilo.

Hacen falta políticas efectivas de integración que faciliten a los recién llegados tomar contacto con el país y la comunidad de acogida, acceder a los servicios básicos –como sanidad y educación- y dotarse de medios para ganarse la vida y contribuir a su nueva comunidad y la sociedad.

Es aquí donde resulta crucial el apoyo de las administraciones regionales, locales y de la sociedad civil.  En el caso de Euskadi, ACNUR ha encontrado muy buena disposición por parte de las instituciones, como el Gobierno Vasco, el Ararteko y las ONG, algo que resulta indispensable de cara a trabajar para ofrecer soluciones a los solicitantes de asilo y a los refugiados que huyen de la violencia, el conflicto y la persecución. Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados agradecemos también la gran solidaridad que ha demostrado la sociedad civil vasca hacia este colectivo.

Estamos en un momento histórico, a las puertas de la adopción del Pacto Mundial sobre los Refugiados encomendado y presentado ante la Asamblea General de la ONU por el Alto Comisionado, Filippo Grandi, y que propone una forma más eficiente, predecible y equitativa de responder ante los desplazamientos de refugiados.  Con el 84% de los refugiados acogidos en países de ingresos medios o bajos, próximos en su mayoría a las zonas de conflicto, es necesario avanzar hacia un reparto más justo de la responsabilidad entre países.

El apoyo de las regiones es vital para poner en marcha una respuesta coordinada de cara a la acogida e integración de las personas que necesitan protección internacional. En este sentido, ACNUR está siguiendo de cerca una propuesta de proyecto piloto para la puesta en marcha de un programa de patrocinio comunitario para la acogida de refugiados, que se está trabajando con el Gobierno Vasco y el Gobierno central, siguiendo la experiencia canadiense.

Desde ACNUR, confiamos en que este programa pueda materializarse en un futuro próximo y que sirva de  modelo para replicarse en otras comunidades de España.