Decía Aristóteles que un derecho se cumple cuanto es efectivo para el último de los ciudadanos. A eso le llamó epiekeia. En relación a la vivienda, esto es lo que no se cumple. Los datos nos indican que hay un porcentaje muy alto de la población que tiene serias dificultades para poder tener un lugar en el que vivir.

La etimología de vivienda parte de vivir, en consecuencia, sin vivienda no hay vida, y si la hay, esta, la vida, es de una precariedad tal, que afecta a la dignidad de la persona. Uno de los objetivos de todo ser humano es buscar una vivienda digna y hoy, para muchos eso no es posible. Y no lo es porque, se ha convertido en un derecho inaccesible. ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones.

Otra es el modelo de sociedad que estamos construyendo. En 2015 la CAV tenía 2,17 millones de habitantes y hoy somos 2,20 millones o lo que es lo mismo un 2,3 más. En cambio, las personas que viven solas han pasado de 215.497 a 290.497, un 26% más en un territorio en el que el número de hogares solo ha crecido un 8,6%. Cada vez son más los que viven solos y esto afecta a nuestro parque de viviendas.

El tercero tiene que ver con la relación entre el salario medio y el precio de la vivienda. En Euskadi el primero ha pasado, entre 2015 y 2024, de 27 a 35 mil euros/año mientras que el precio de la vivienda ha pasado de 205 a 254 mil euros. La diferencia es que la vivienda ha subido un 7% más que los salarios y la tendencia sigue siendo la de ampliar la brecha. A esto debemos añadir otras dos perspectivas: jóvenes y personas vulnerables.

Según los datos del Observatorio de la Juventud de Euskadi y referidos al año 2022, una mujer menor de 35 años cobra en torno a 1.299 €/mes de media, que se elevan a 1.498 en el caso de los hombres. Dicho de otra manera, la mitad de lo que es la media salarial siendo el colectivo que necesita con más urgencia un espacio en el que vivir.

Las personas en situación de vulnerabilidad, y en este caso los datos son de Cáritas Española, forman 4,6 millones de hogares que tienen dificultades para mantener la vivienda y de ellos el 16,8%, tras pagar el alquiler, la cuota hipotecaria y los suministros básicos (agua, luz y gas) se sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa.

Toca pensar respuestas ante una situación que podemos calificar de urgencia y que es responsabilidad del poder político. Nos encontramos ante un derecho contemplado por el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos que dice: La vivienda: 1) Toda persona tiene el derecho de tener acceso a una vivienda adecuada. 2) El Estado debe adoptar medidas legislativas y de otra índole razonables, dentro de los recursos de que dispone, para lograr la realización progresiva de este derecho”. Artículo recogido casi textualmente en el 47 de la Constitución Española y que, en Euskadi, como reza el artículo 10 del Estatuto en su número 31, es competencia del Gobierno vasco.

Hay que indicar que a lo largo del año 2024 Cáritas ha atendido a más de 200 familias en Álava para las que conseguir una vivienda es un calvario; un 18% de ellas no consiguen empadronarse; la mayoría vive en precario, hacinadas en habitaciones sin ninguna seguridad jurídica; en algunos casos amenazadas, cuando no explotadas por los propietarios; ocupando espacios de manera ilegal. De ellas 122 personas solas y en torno a 75 familias. 

Este último año han estado llegando familias completas para las que no ha habido solución habitacional de emergencia por parte de los poderes públicos y organizaciones como Cáritas han evitado, en ocasiones, que pernoctaran en la calle.

Ante esto proponemos tres líneas de actuación: la primera, garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada ampliando el parque de viviendas sociales en alquiler así como el número de viviendas de emergencia; en segundo lugar, luchar contra la precariedad laboral, los bajos salarios, sobre todo en los jóvenes y regularizar a las personas inmigrantes, en torno a 20.000 en Euskadi; y tercero, hay que enfrentar la vivienda desde una perspectiva integral lo que supone no solo trabajar en mejorar el acceso y el empleo. Es necesario intervenir en el mercado desde la perspectiva de derechos, el de la vivienda, al que hay que supeditar el de propiedad. No todo vale y menos todavía enriquecerse con el sufrimiento de los más pobres.