Miguel Laparra: “Entendemos que estas prestaciones deben percibirse mientras dure la necesidad, para evitar la situación de pobreza”

Ainara Arregi

Navarra recientemente ha modificado la Ley de Renta Garantizada que tiene como objetivo la inserción socio-laboral, y la lucha contra la pobreza infantil y de las personas mayores, entre otros.

Miguel Laparra (1962, Bourges, Cher-Francia),  vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, nos cuenta todos los detalles de la nueva Ley Foral.

¿En qué consiste la nueva renta garantizada de Navarra?

Las principales reformas que introduce la nueva Ley de Renta Garantizada pretenden garantizar más claramente dos derechos: un derecho a unos ingresos adecuados para todas las personas que carecen de ellos, y un segundo derecho, y que, además, aparece el primero en la Ley, que sería derecho a la inclusión social y a los apoyos que serían necesarios para conseguirla.

En esa línea, digamos, el nuevo ordenamiento lo que supone es dar más garantías, eliminar requisitos que han podido dejar fuera a personas en situación de pobreza severa, y la concesión de las ayudas a todas las personas que necesitan.

Las otras transformaciones importantes, por ejemplo, la eliminación de requisitos,  tienen que ver con la incorporación de las personas mayores de 65 años, que hasta ahora se quedaban fuera. Entonces se les complementaria su pensión hasta el mismo nivel de protección del conjunto de la población.

Supone también un esfuerzo importante, una ampliación de la cobertura, para los hogares de más tamaño, y esto tiene una incidencia muy notable en la pobreza infantil. Es por tanto, una Ley que planteamos como instrumento para reducir la pobreza infantil, aumentando las cuantías para las familias de más tamaño, aumentando también las posibilidades de que haya más de una prestación en el mismo hogar. Y también, planteando excepciones cuando haya menores a cargo, por ejemplo, en el caso de las familias extranjeras.

Esos son algunos de los elementos esenciales de aumento de la cobertura de la Ley. Se elimina también el requisito de residencia legal, que existía previamente, aunque había algunas excepciones. Ahora ya lo eliminamos definitivamente.

Finalmente, la otra novedad importante de la Ley es la introducción y desarrollo de toda una serie de incentivos al empleo, que trata de garantizar que, siempre, aceptar y desarrollar un empleo sea más ventajoso que mantenerse sólo con una prestación.

¿Cuál ha sido la evolución de las ayudas sociales en Navarra?

Durante la etapa anterior, con UPN al Gobierno, hubo algunas reformas que tuvieron un notable efecto en la reducción de la protección del programa actual, de la que se llama  Renta de Inclusión Social (RIS). Se calculó que en la reforma del 2012 unas 3.000 unidades familiares pudieron quedarse fuera de la cobertura debido a estas reformas restrictivas. Esto ya, parcialmente, se corrigió, por una reforma que aprobó el Parlamento en contra del Gobierno en la legislatura anterior, en 2015, que ya ha tenido un impacto notable en el aumento de la cobertura. Y eso, ya durante el 2015 y lo miramos en 2016, hemos visto como pasamos de un entorno 7.000 unidades familiares perceptoras al mes, a unas 11.000 familias perceptores en este momento. También ha habido un aumento de las cuantías; hemos pasado de una cuantía media de unos 500 euros a una cuantía de 600 euros. Por lo tanto, ha habido un aumento de la cobertura y también aumento de las cuantías.

Digamos la nueva Ley de Renta Garantizada supone seguir en cierto sentido por esa línea de mejora, intensificando las garantías, el objetivo en determinados colectivos que se veía que estaban al margen y no se habían incorporado al programa y reforzar los incentivos al empleo.

La nueva Ley tiene como fin, entre otros, luchar contra la pobreza infantil y de las personas mayores. ¿Por qué se hace especial hincapié en estos dos sectores?

Todas las estadísticas  y estudios que se están haciendo tanto a nivel estatal,  como las que se venían haciendo en Navarra, estaban incidiendo en el problema notable de la pobreza infantil, que se veía afectada entre un 30 % y un 50% más que el conjunto de la población, por todo el deterioro de las condiciones sociales durante la crisis. Por tanto, la pobreza infantil es un problema muy serio, que le estamos dando total prioridad. Y a partir de ahí, lo que hacemos es que las cuantías  máximas que estaban dotadas hasta ahora en torno a los 950 euros, las hemos subido hasta 1.200 euros. Subimos las cuantías por personas adicionales y eso hace que los hogares en los que hay niños se vean notablemente beneficiados.

En el caso de las personas mayores, si es cierto, que había un grupo muy específico de mayores de 65 años que estaban sobre todo con pensiones no contributivas o sin ningún tipo de pensión, y que se estaban viendo perjudicadas porque por encima de los 65 años, no se les concedían este tipo de prestaciones. Entonces, ahora, en el caso de las personas mayores se trata preferentemente de una consideración de justicia y de tratamiento equitativo de lo que se estaba planteando para todos los ciudadanos.

En la Ley también se recoge  que junto con el derecho a una prestación, los solicitantes de la ayuda, tienen derecho a la inclusión social y laboral con estímulos al empleo. ¿Cómo se pretende incentivar la inserción laboral?

Hay elementos importantes de novedad en la Ley respecto de la  experiencia de Navarra. Uno, los incentivos al empleo, tal y como comentábamos, la idea esencial es que las personas tengan interés objetivo en lograr un empleo. Con carácter general, todo el mundo quiere o prefiere siempre estar en el mercado de trabajo, a estar en otras situaciones protegidas. Pero la cuestión es que en términos económicos y objetivos salga más a cuenta trabajar.

Por tanto, a partir de ahí, lo que hacemos es que los primeros 300 euros que se consiguen de un empleo, no se tienen en cuenta, y a partir de esos 300 euros se va deduciendo una cuantía cada vez mayor. Por tanto, tiene su consideración progresiva para facilitar que las personas acepten un empleo. A partir de ahí, la Ley también establece con carácter general una perspectiva progresiva de la inclusión social, en la que, durante el primer año, se plantea un proceso de puesta a disposición de los recursos y del apoyo de los profesionales, tanto de los servicios sociales como de los servicios de empleo. Una vez transcurrido ese primer año, se entiende que si no ha habido mejoras y no ha habido una transformación significativa de la situación, ahí ya hay que tomar medidas adicionales, y se plantea la obligación de firmar un acuerdo de incorporación social y laboral, y eso evidentemente, según la consideración de los propios técnicos, de las personas que están en condiciones de realizarlo, esto es otra novedad importante de la ley.

Después del segundo año, hemos establecido como derecho de las personas y obligación, tanto para la administración como para las propias personas perceptoras, de incorporarse a un empleo, sea en el mercado normalizado o sea un empleo protegido que pueda ofrecérsele desde los servicios sociales y de empleo.  Por tanto, la idea es que después de dos años todas las personas que están en condiciones de trabajar se les ofrezca una oportunidad de empleo de una forma clara y definida.

¿Cuantas personas se beneficiaran de esta ayuda?

La reforma de las cuantías con carácter general beneficia aproximadamente al 80% de las personas perceptoras. Sí que hay 5.000 hogares unipersonales que a esos se les reduce la cuantía, unos 55 euros al mes.

Unas 30.000 personas estarían cubiertas por el programa, por lo que calculamos, que 25.000 serían beneficiarias de la reforma de la cuantía, frente a los 5.000 hogares unipersonales.

En el caso de mayores de 65 años, estamos hablando de aproximadamente otras 1282 personas.

Respecto a las mejoras de la cuantías son aproximadamente unas 6.000 unidades familiares, es decir, unas 25.000 personas.

En el campo de estímulos al empleo, el primer año habría 467 beneficiarios, una cifra que luego iría en aumento.

La posibilidad de que haya varias prestaciones en el hogar beneficiaría ahora mismo a 777 unidades familiares, y la incorporación de inmigrantes irregulares se estima que será de 794 unidades familiares.

Otro elemento que tiene el de la reducción a los 12 meses de residencia a las familias con menores son 132 unidades familiares. Y hay una cosa que nos parece muy importante de filosofía, pero que no tiene incidencia práctica o económica, es que eliminamos el periodo de percepción. Entendemos que estas prestaciones deben percibirse mientras dure la necesidad para evitar la situación de pobreza. Ahora mismo había un límite de 36 meses pero con la nueva Ley esto desaparece.

Usted decía en la presentación que se trata de un proceso pionero en España y referente en Europa. ¿Qué hace que Navarra sea pionera en este ámbito?

La apuesta más importante por aumentar las cuantías de las familias de más tamaño y con hijos a cargo seria ahora mismo la legislación más avanzada de todo el Estado, ya también comparable con la de los países europeos.

Los incentivos al empleo tendrían una importancia similar en la CAV, pero en el resto de la comunidades autónomas no hay ningún elemento que lo plantee de esta misma forma, lo mismo que con las personas mayores de 65 años.

El objetivo de ofrecer un empleo a todo el mundo que esté en condiciones de trabajar después de dos años, no hay absolutamente ninguna comunidad autónoma que se lo haya planteado en estos términos, de tratar de avanzar en la idea del derecho al trabajo.

La eliminación de cualquier tipo de restricción a la inmigración irregular y plantearla en términos generales solamente con un periodo de residencia tampoco hay comunidad autónoma que lo haga. En la CAV, el periodo mínimo de residencia es de 3 años, y nosotros sólo pedimos 2 años, y en el caso de que haya menores sólo un año. 

En el conjunto de todas estas cuestiones, entendemos que sin duda, se trata de una de las normativas más avanzadas, y muy similar a la de la CAV en ciertos elementos, superior en otras, y desde luego muy por encima de lo que está planteando nuestra comunidad autónoma.

¿Cuál cree que sería el modelo de renta garantizada ideal?

A mí me parece que en torno a estos dispositivos, en el conjunto del Estado haría falta una reforma del conjunto de prestaciones que están dirigidas a los sectores más desfavorecidos, y habría que hacer una reforma conjunta: pensiones no contributivas, subsidios por desempleo… Todo tipo de prestaciones y subsidios orientados hacia desempleados o inactivos de bajos recursos, habría que repensarlo en su conjunto y hacer un esquema más coherente y con mayor capacidad de protección. En principio, ¿mejorable? Pues si estuviéramos en condiciones y capacidad de mejorar las cuantías seria excelente, pues hay tenemos también los niveles salariales como un elemento de referencia.  

El elemento esencial y por el que tenemos que seguir avanzando y en esta Ley supone un punto de inicio pero nos marcará una línea de trabajo en el futuro, es el tema de la inserción social en general, y la inserción en el mercado laboral, en particular. El gran reto es la reincorporación al trabajo de muchas personas que se han visto alejadas del mismo durante todos estos años de reducción de la actividad y ahora hay que ver como las reincorporamos a empleos que les saquen de la pobreza.